Las pymes españolas no entienden el IPNR y necesitan contratar asesoramiento externo

El 90% de las empresas españolas no entiende cómo va el Impuesto sobre el Plástico no Reutilizable (IPNR) y considera necesaria una reforma legislativa aclararatoria sobre objetivo que regula los plásticos afectados por el impuesto no está definido de forma clara. Adicionalmente, consideran insuficiente el material aclaratorio aportado por la Agencia Tributaria y más de un 80% ha necesitado asesoría externa y un sobrecoste de más de 3.000€ para el 45%.

Esta es una de las principales conclusiones que desprende la “Encuesta sobre el Impuesto a los Envases de Plástico No Reutilizables” elaborada por Ayming, en colaboración con el Centro Español de Plásticos, en la que se ha preguntado a más de 150 compañías de distintos sectores y con un volumen de facturación que aborda desde los 6M€ a los más de 50M€ sobre la complejidad, el impacto económico y ambiental que supone este tributo, con motivo del aniversario de su entrada en vigor.

Y es que el 92% de las empresas manifiesta que el mecanismo del Impuesto sobre Envases de Plásticos No Reutilizables es de difícil comprensión y para un 75%, el mecanismo de respuesta de las consultas vinculantes y el material aclaratorio de la AEAT (Agencia Estatatal de Administración Tributaria) no arroja soluciones a las dudas planteadas. En este sentido, Sonia Álvarez, directora del área de Fiscal de Ayming España afirma que “la gestión del IPNR ha supuesto un auténtico reto para las empresas. Su difícil comprensión ha complicado la correcta liquidación, lo que ha provocado que muchas empresas hayan tenido que solicitar la ayuda de expertos”.

El 80% de las empresas ha recurrido a expertos la correcta aplicación del IPNR

La gestión del IPNR ha supuesto un incremento de recursos internos y externos para las empresas. Tanto es así, que 8 de cada 10 afirma haber contratado servicios de terceros para una gestión óptima. Dicha externalización ha supuesto incurrir para el 45% de los encuestados en más de 3.000€ de inversión, llegando incluso a más de 15.000 € para un 7%.

Preguntados sobre los recursos internos de cara a la aplicación del tributo, las compañías han tenido que llevar a cabo adaptaciones informáticas y cambios en los procesos de facturación. Para ello han destinado, más de un 60% en horas de los empleados, un 35% de costes informáticos y un 4% en replantear nuevos diseños de productos y estrategias, datos que reflejan el amplio impacto que este impuesto ha tenido en las operaciones y la actividad de las empresas.

Tal y cómo afirma Álvarez: “Indudablemente, además del coste económico del propio impuesto, las empresas han asumido costes indirectos, como los asesores fiscales, costes laborales y gastos en sistemas informáticos y cambios en la cadena de valor de las empresas. El sector pyme no está habituado a tratar con la complejidad de este tipo de impuestos especiales y, por ende, han sido las más afectas en la medida en que también cuentan con menos recursos”. 

Obtener información de los proveedores, una de las las mayores dificultades para la liquidación

Una gran parte de las empresas sujetas a este impuesto especial importan el material de otros países que no están obligados a declararlo por la regulación europea o nacional, por lo que resulta muy complicado obtener la información necesaria a declarar en España, siendo esta la principal dificultad para la correcta liquidación del impuesto. De hecho, solo el 30% de las empresas encuestadas afirman haber contado con colaboración por parte de sus proveedores en la facilitación de la información sobre la cantidad de plástico importado.

En este sentido, son las grandes empresas las que han afrontado mayores dificultades en la obtención de la información al contar con un gran número de proveedores extranjeros y por la falta de coordinación interna entre los distintos departamentos, de cara a obtener los datos.

De hecho, la falta de información ha obligado a muchas empresas a determinar la base imponible a través de estimaciones, concretamente un 80% afirma haber liquidado el impuesto a través de estimaciones. Este hallazgo resalta la importancia de promover la colaboración y la transparencia en la cadena de suministro, así como de establecer mecanismos para facilitar el intercambio de información entre proveedores y empresas sujetas al impuesto.

Tal y cómo afirma Faysal Assakale, responsable de Impuestos en Ayming España, “una solución práctica para otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y reducir la complejidad en la gestión del Impuesto podría ser la aprobación de valores por defecto”.  A pesar de que más del 50% de las empresas ha implantado medidas para reducir los envases de un solo uso, el impuesto no está cumpliendo su finalidad medioambiental

El IPNR se ha diseñado con la finalidad de desincentivar el uso de envases de plástico y transitar hacia una economía circular, aunque, a juicio del 90% de los encuestados, el Impuesto no está cumpliendo con una finalidad medioambiental y, además, está reduciendo su competitividad frente a empresas de la Unión Europea que no tienen que liquidar este impuesto.

Tal y como asegura Assakale, “nueve de cada 10 sujetos pasivos consideran que el tributo no está cumpliendo con la finalidad medioambiental, aunque parece que las compañías sí están llevando a cabo acciones para redefinir sus procesos a la hora de seleccionar los envases de sus productos. No obstante, según afirman, las necesidades del mercado y la oferta existente no les permite sustituir por completo la utilización de materiales plásticos”.

Las organizaciones afectadas están encontrando trabas para reducir o eliminar los envases de plástico de un solo uso puesto que no sólo depende de las propias organizaciónes, también de otros factores externos. Por ello, el 84% considera que, actualmente, no es factible sustituir el plástico por otro material.

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