Las empresas españolas tienen más de 1,3 billones de euros en facturas pendientes

El año pasado, la economía española experimentó un notable dinamismo. El PIB aumentó un 2,5%, contrastando con el 0,4% registrado en la eurozona, y las perspectivas, aunque moderadas, siguen siendo favorables para 2024, con una previsión de crecimiento del 2,3%, según el Banco de España. No obstante, a pesar de este desempeño económico, los impagos en las empresas todavía representan un desafío persistente para su estabilidad financiera.

Esta es una de las principales conclusiones obtenidas en la nueva edición del Informe Europeo de Pagos de Intrum, estudio anual que analiza la salud financiera y el comportamiento y tendencias de pago de las empresas de 25 países de Europa, y donde se ha podido estimar que las compañías españolas tienen actualmente más de 1,3 billones de euros en pagos o préstamos pendientes de cobro, una cifra que alcanza los 10,5 billones de euros en el total de los mercados europeos encuestados.

En este contexto, el informe de la firma de servicios de gestión de créditos y activos revela que, en España, el 81% de las empresas tiene deudas pendientes de cobro. Un porcentaje de respuesta ligeramente superior al promedio europeo (79%), y que sitúa a nuestro país como el décimo territorio con mayor proporción de negocios en esta situación.

Así, España comparte posición con Austria, Croacia, Reino Unido y Francia, y supera a Noruega (79%) e Italia (78%). Los porcentajes más altos se han registrado en República Checa (89%), y Alemania, Serbia y Suiza, las tres con un 83%, mientras que al otro extremo estarían Irlanda (75%) y Bélgica (74%), con las cifras más bajas.

Dificultades para gestionar las finanzas

Esta acumulación significativa de deudas pendientes refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas para gestionar eficazmente sus finanzas. En consecuencia, según el Informe Europeo de Pagos, el 38% de las entidades analizadas en España ha tenido que cancelar deudas incobrables utilizando parte de sus ingresos.

De estas organizaciones, el 48% se lamenta de no haber mejorado sus prácticas de cobro para evitar llegar a este punto en el último año fiscal. De igual modo, el 29% cree que tendría que haber prestado mayor atención a los retrasos tempranos y al 28% le hubiera gustado realizar una mayor evaluación del riesgo crediticio. Unas cifras que subrayan la importancia de ajustar las estrategias financieras y de cobro para mitigar el riesgo de impagos y asegurar la salud financiera del negocio.

Otra de las conclusiones de la nueva edición del estudio es el aumento en la preocupación de las empresas sobre la puntualidad de los pagos de sus clientes, una inquietud que podría estar vinculada, precisamente, al monto de préstamos pendientes. Así, el porcentaje de compañías que se muestran esta postura es del 67%, una cifra superior al 65% registrado en 2023 y al 64% de 2022.

Sin embargo, a pesar del aumento de esta preocupación, el estudio elaborado por Intrum revela que la proporción de empresas que prevé un incremento en el riesgo de retrasos o impagos ha disminuido del 67% al 60%, un cambio que podría indicar una ligera mejora en las expectativas empresariales. No obstante, la cifra sigue siendo elevada, situándose por encima de la media europea (58%), y de potencias económicas como Italia (57%), Francia (56%) y Alemania (55%).

Al consultar a la muestra analizada sobre los desafíos que afectarán a la capacidad de pago de sus clientes durante el próximo año, el principal reto identificado es que estos clientes vean amenazado su flujo de caja por la dificultad financiera de sus propios deudores, con un 63%. Le siguen el impacto de los elevados tipos de interés (59%), los problemas de abastecimiento en la cadena de suministro (59%), la regulación y el compliance (55%) o la alta inflación (54%).

Todas estas cifras reflejan un entorno complejo para las empresas de España, que deben lidiar con una serie de problemas que impactan en su capacidad para gestionar las finanzas. En este contexto, las organizaciones deberán reconocer que forman parte del flujo de pagos, y que su propio retraso en el cumplimiento de sus obligaciones puede aumentar el riesgo de generar un problema más amplio.

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