Errores en la declaración de concurso de acreedores puede costar hasta 150.000€ a las pymes

El pasado 30 de junio finalizó la tercera prórroga de la moratoria concursal anunciada por el Gobierno en el momento de declaración de pandemia. Este aplazamiento se concedió con el objetivo de dar un respiro a las empresas con dificultades, pero viables. De cara a esta fecha de finalización del aplazamiento, se prevé un aluvión de declaración de concursos de acreedores por parte de las empresas, lo cual puede suponer una gran responsabilidad para sus directivos, que deben asumir este proceso sin cometer errores que pongan en peligro la viabilidad del negocio y de sus propias finanzas.

En este nuevo escenario, en el que volverá a ser obligatorio que las empresas en situación de insolvencia presenten el concurso de acreedores en los juzgados, Hiscox, compañía aseguradora, explica la problemática que puede ocasionar a los directivos una mala gestión a la hora de declarar un concurso de acreedores.

Según la aseguradora, una mala gestión de la empresa que lleve a la misma a declararse en concurso de acreedores puede conllevar gastos de hasta 150.000€. Esta cifra incluye los gastos de defensa que se incurran en el procedimiento y la posible indemnización por daños morales que deba asumir el administrador después de que, por ejemplo, los empleados demanden a los administradores, responsabilizándoles de la situación y la pérdida de sus puestos de trabajo.

A la hora de presentar el concurso de acreedores, son muchos los errores en los que puede incurrir un directivo y que, según Hiscox, son necesarios conocer para evitar caer en alguno de ellos:

• Falta de experiencia: Todo apunta a que en unos días tendrá lugar la aprobación del Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, por el cual se modifica el proceso de declaración de concurso con el fin de mejorar el marco de reestructuración de las empresas con dificultades. Sin embargo, estas novedades que en principio serán beneficiosas para las empresas, también suponen un  incremento de la responsabilidad de los administradores y los directivos que no hayan utilizado anteriormente este instrumento, por lo que es importante que recurran siempre a asesores verdaderamente informados. Un concurso de acreedores es un proceso fundamental para que la empresa logre eliminar sus deudas, por lo que una asesoría de calidad es vital.
• Exceso de tiempo para recurrir al concurso: Es común que muchos directivos tarden más de lo debido en declarar el concurso de acreedores en su empresa y, para cuando son conscientes de esa necesidad, suele ser tarde. De hecho, si se rebasa el límite legal pueden ser calificados como culpables por dilatar u ocultar la mala situación de la compañía y, por tanto, deberían enfrentarse a juicio con sus consecuentes costes. Por suerte, la nueva modificación que entrará en vigor próximamente contempla un plazo de dos meses que tiene un administrador que haya detectado una situación de insolvencia para presentar concurso.
• Falta de documentación adecuada: Los procesos legales como es el caso de un concurso de acreedores siempre conllevan un trámite burocrático en el que es fundamental proporcionar la documentación legal pertinente. Si se comete un fallo y se entrega un documento no original o falta alguno por entregar, es posible que la documentación se tome como falsa o como intento de engaño, lo cual podría también conllevar multas para los directivos de las empresas.
• No cumplir con las obligaciones de los concursos de acreedores: Presentar un concurso de acreedores es una situación compleja para los empresarios, que intentan evitar a toda costa por los riesgos que implica. Sin embargo, es importante que una vez se inicie el proceso se muestren colaborativos en aras de encontrar una solución en común con sus acreedores. Por eso es fundamental que, una vez llegado a un acuerdo, se cumpla con todas las obligaciones previstas, para evitar llegar al punto de que un juez deba iniciar la liquidación.

“La situación de muchas empresas es delicada en este momento: la fuerte subida del coste de las materias primas y los suministros, la devolución de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) solicitados durante la pandemia y ahora el fin de la moratoria de concurso son los principales problemas a los que se enfrentan en términos económicos. Ante esta realidad, cabe prever una gran cantidad de procesos concursales, pero es importante que los directivos de las empresas en esta situación se tomen el tiempo necesario para realizarlo de forma correcta y evitar errores que podrían tener un alto coste”, explica Diogo Ogando, suscriptor senior de D&O de Hiscox Iberia.

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