El retraso en el cumplimiento del permiso parental retribuido complica la vuelta a la oficina

Desde el pasado 2 de agosto, España se encuentra incumpliendo la directiva europea de conciliación que obliga a las empresas a retribuir al menos cuatro semanas de las ocho del permiso parental que los trabajadores pueden disfrutar hasta que sus hijos cumplan 8 años.

Este hecho puede suponer un notable problema para el ecosistema laboral de nuestro país, y es que, tal y como ha señalado recientemente el diputado de sumar, Carlos Martín Uriza, la multa diaria por no transponer a tiempo la directiva puede llegar a los 53.600€. Para tratar de solucionar este contratiempo, el Gobierno de nuestro país abordará el tema en la negociación de los presupuestos, por lo que su aplicación final se verá retrasada hasta el año 2025.

La fecha prevista para la entrada en vigencia de esta directiva se encontraba muy cerca de la reapertura de los colegios en nuestro país, un hecho que habría permitido a los trabajadores en España una notable mejora en la conciliación durante el nuevo curso. Debido a su no aplicación, numerosos sindicatos como USO han lamentado la “falta de compromiso” en materia de conciliación entre la vida personal y profesional de los empleados, llegando a calificar este hecho como un “maltrato directo a la ciudadanía”.

Tal y como explica Marcelo Dos Reis, CEO Grupo SPEC, empresa líder en el desarrollo de soluciones de gestión horaria y acceso, “la conciliación de la vida laboral y personal es uno de los factores más valorados por los trabajadores en España. El retraso de la implantación de esta medida supone un grave problema a la hora de cumplir con este derecho y perjudica gravemente a la planificación del nuevo curso escolar”. “La realidad es que, actualmente, los padres y madres deben asumir una pérdida de sueldo por cuidar a sus hijos, un hecho que pone en riesgo la calidad de vida de miles de familias”, concluye Dos Reis.

Cabe recordar que si esta medida se incluye finalmente en los Presupuestos, el responsable de realizar los pagos sería el Estado por medio de la Seguridad Social, por lo que sería necesario realizar un desarrollo reglamentario para habilitarlo, lo que retrasaría de manera notable su implementación definitiva.

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