El impuesto español de los Servicios Digitales: rápido, sin consenso y perjudicial

El Senado aprobó ayer el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el objetivo de sincronizar el sistema fiscal de España a la nueva realidad del negocio digital y, por tanto, a la globalización. Sin embargo, parece que uno de los proyectos estrella del Gobierno español para recaudar impuestos no solo no va a conseguir este objetivo, sino que, una vez más, la celeridad y la forma unilateral de actuar podrían dañar gravemente nuestra economía.

Así, la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha advertido de las duras consecuencias para la economía española que se derivarán de la aplicación unilateral del proyecto en nuestro país, sin esperar a una solución consensuada a nivel internacional.

Así, la asociación ha incidido en que el impuesto digital derivará en una fuerte pérdida de productividad, competitividad e innovación en las empresas españolas, provocando la fragmentación del Mercado Único Digital, la paralización de la inversión en nuestro país y aislando a España del contexto digital internacional.

En ese sentido, Adigital apuesta por una solución diseñada y consensuada a escala global. Suscribe la necesidad de abordar la adecuación del marco regulatorio a la economía digital en particular, también en el ámbito impositivo, pero recuerda que este debate debe tratarse desde el punto de vista internacional, especialmente dado el carácter global y digitalizado de la economía. Desmarcarse del acuerdo global, como hace el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales presentado por el Gobierno y aprobado hoy de forma definitiva por las Cortes Generales, pone en riesgo la competitividad de la economía española, más aún en el contexto de crisis económica y social provocada por la COVID-19, que requiere más que nunca de economías digitalizadas, robustas y resilientes.

La adopción unilateral de un impuesto digital ha sido también cuestionada por organismos internacionales como la Comisión Europea o la OCDE, ya que a su juicio fracciona el Mercado Único europeo y el Mercado Único Digital. Es más, la asociación considera que la aprobación de esta Ley supondrá también un claro obstáculo para la participación de nuestro país en el debate internacional, dejando a España en una situación de excepcionalidad mientras continúan las negociaciones para un acuerdo necesariamente más amplio, tanto a nivel europeo como global.

Inseguridad jurídica para los ciudadanos

Además, Adigital recuerda que medidas fiscales de este tipo adoptadas en el pasado han demostrado generar una fuerte inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversores; suscitando además serias dudas sobre su impacto en términos recaudatorios. Si bien el Gobierno estimó en un inicio una recaudación de 1.200 millones de euros a través de este impuesto, esa estimación se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos meses.

En ese sentido, un informe elaborado por la consultora PwC alertaba del efecto negativo que el Impuesto Digital traería consigo para las empresas y consumidores españoles. Según el estudio, estos últimos sufrirían un impacto valorado en hasta 665 millones de euros; mientras que las compañías españolas usuarias de los servicios digitales gravados verían reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros.

La aprobación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es especialmente cuestionable habida cuenta de los claros avances que se han producido recientemente en el contexto internacional. En línea con la posición de Adigital y en un contexto económico cada vez más interconectado y afectado por retos comunes, la Comisión Europea ya ha anunciado que retomará el proyecto de impuesto digital europeo a lo largo del año que viene, en caso de que no haya una solución de consenso en el marco de la OCDE para finales 2020. Por su parte, la OCDE ya ha publicado varias actualizaciones sobre los avances de las negociaciones internacionales en este ámbito.

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