El exceso de burocracia, sobre todo en el plano urbanístico, lastra el crecimiento económico

Hace unos días, se celebró un evento del Foro Regulación Inteligente para presentar su último informe, que han titulado: «La burocracia urbanística como amenaza al progreso de Málaga». Aunque está enfocado en la ciudad andaluza, lo cierto es que el riesgo del que se alerta se podría extrapolar a cualquier urbe. Así, un exceso de burocracia en los trámites urbanísticos puede suponer un lastre y un parón para el desarrollo económico y social que la provincia ha venido experimentando durante los últimos años.

“El exceso de burocracia, especialmente en el plano urbanístico, puede lastrar el exponencial crecimiento económico de Málaga; faltan reformas que lo acompañen y sostengan”, ha explicado el director de Foro Regulación Inteligente, Diego Sánchez de la Cruz. Este ha puesto el foco en la necesidad de “revisar los procesos regulatorios como una de las claves para no frenar el crecimiento de la provincia”, ha apuntado especialmente al ámbito urbanístico, “uno de los sectores que más dinamizan la economía malagueña”.

Málaga se ha convertido en las últimas décadas en una de las provincias con mayor y mejor proyección social y económica de España. El crecimiento de su población –tercera provincia en crecimiento de población acumulado a nivel nacional–, su apuesta por el sector tecnológico –será la nueva sede del Mobile Week y en 2023 Google abrirá su Centro de Excelencia para la Ciberseguridad– y el desarrollo de un turismo de mayor calidad –acapara un cuarto de los turistas que visitan Andalucía y además son visitantes con un mayor gasto per cápita–, han convertido a la provincia en la locomotora que impulsa el crecimiento en Andalucía.

Esta tendencia alcista, sin embargo, necesita de reformas que acompañen y sostengan dicho crecimiento, especialmente en el plano urbanístico. Paradójicamente, en una provincia en la que el sector de la construcción representa el 8,43% del PIB y ocupa a un 28,3% de la población activa, se detecta un claro déficit de viviendas que tiene como consecuencia el incremento de precios –en los últimos siete años el precio del metro cuadro en la provincia se ha encarecido un 41,9%– y la pérdida de actividad económica.

En este sentido, las cifras muestran que en la última década se ha producido un descenso acumulado del 91,14% en la vivienda visada y que el peso de la VPO ha terminado siendo prácticamente imperceptible. Unos indicadores que reflejan el fuerte deterioro del mercado en la provincia de Málaga. Además, el lento dinamismo que está exhibiendo el sector está generando una notable pérdida de inversión y de actividad para la provincia.

Sin apenas signos de recuperación

Aunque los últimos datos disponibles de visados apuntan a una leve mejoría, en lo que va de 2021 el número de visados correspondiente al primer trimestre arroja resultados muy preocupantes, y la situación está aún lejos de volver a la normalidad previa al impacto de la pandemia. De hecho, si no se modifica esta tendencia en los visados, la proyección del déficit de vivienda en Málaga para el periodo 2021-2030 deja un saldo de entre 15.390 y 43.290 viviendas en función de si se maneja un escenario demográfico moderado u optimista, respectivamente.

De hecho, como se apunta en el informe, de confirmarse la actual tendencia se estima que la inversión perdida del sector promotor por el déficit en el desarrollo de vivienda sería, en los próximos 10 años, de hasta 8.110 millones de euros, a lo que habría que sumar hasta 5.458 millones que se perderían en la actividad constructiva. Un total de 13.568 millones perdidos en el sector.

Por todo ello, con el ánimo de contribuir a desbloquear el parón burocrático en la provincia de Málaga y, especialmente, en la capital, y para que ésta siga representando un motor de crecimiento para la región, Foro Regulación Inteligente apunta alguna de las posibles soluciones a esta situación, que pasarían por:

1. Tomar como referencia ejemplos de éxito en este campo, como el “visado marbellí”, un mecanismo de cooperación público-privada capaz de dar una respuesta a esta problemática.
2. Realizar una apuesta verdadera por la digitalización y la tramitación electrónica que optimice los procedimientos administrativos y acorte los plazos.
3. Agilizar la autorización de licencias de obra mayor (en 2019 el 85,7% de las licencias pendientes se correspondían con este tipo de obra).
4. Realizar inversiones en las mejoras tecnológicas de las áreas de urbanismo de los ayuntamientos y redefinir los protocolos de acceso y visita a los técnicos de esta área.
5. Realizar las modificaciones necesarias para que los informes sectoriales requeridos a instancias burocráticas puedan tramitarse en paralelo.

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