Cómo está afectando el Plan MOVES III a las pymes del sector

El Plan MOVES III es un programa europeo de ayudas destinadas al fomento de la movilidad eficiente y sostenible. Está orientada a que personas físicas o jurídicas reciban un porcentaje de la inversión total realizada en la instalación de puntos de recarga, y recientemente ha sido ampliado hasta julio de 2024. Pero, ¿es oro todo lo que reluce?

Sin embargo, Cargatucoche, una startup dedicada a la instalación de puntos de recarga eléctricos, ha expresado su preocupación por los problemas estructurales que consideran insalvables. Según su CEO, Enrique Alía: «El Plan Moves III es una carga de trabajo para las empresas y un proceso interminable e incómodo para el cliente».

Ellos mismos han tenido que habilitar un departamento con cuatro personas dedicadas exclusivamente a gestionar las ayudas del Plan Moves, y aún así: «Los plazos y la burocracia nos genera tensiones con los clientes». 

Problemas y desafíos del Plan MOVES III

La startup ha resumido cuáles son los problemas que, a su parecer, plantea este programa para las empresas interesadas:

• Largos tiempos de espera: Los tiempos desde la apertura de un expediente hasta que el cliente recibe el incentivo oscilan entre 12 y 18 meses. Esto plantea un problema significativo, ya que los beneficiarios deben esperar demasiado tiempo para obtener la ayuda, lo que reduce el impacto real del incentivo en la compra de vehículos eléctricos.
• Complejidad y variabilidad documental: El proceso y la documentación exigida varían significativamente de una comunidad autónoma a otra, generando confusión y complicaciones tanto para las empresas como para los clientes. Es necesario simplificar y estandarizar los requisitos para agilizar el proceso.
• Declaración en la Renta y compatibilidad con otras ayudas: Los beneficiarios finales deben declarar la ayuda en su declaración de la renta, y esta no es compatible con otras ayudas para puntos de recarga. Aunque el Plan MOVES III proporciona un 70% de ayuda para personas físicas, la necesidad de declarar un porcentaje de esa cifra reduce considerablemente el beneficio real para los usuarios.
• Costos y tensiones para empresas: Muchas empresas se ven obligadas a destinar recursos significativos, incluyendo la creación de departamentos dedicados exclusivamente a gestionar las solicitudes. Los tiempos de gestión por parte de las Comunidades Autónomas generan tensiones con los clientes y afectan la experiencia del usuario.

Estos y más datos ratifican lo que se comparte en el sector, que el programa destinado a incentivar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos no cumple con su objetivo principal: el de fomentar la electrificación del transporte en España.

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