Así es el Plan de Estabilidad 2019-2022 para las pymes

El Plan de Estabilidad propuesto por el Gobierno para el tramo comprendido entre 2019 y 2022 tiene consecuencias para las pymes y hay varios cambios que afectarán notablemente a sus propietarios.

La Agencia EFE analiza en un comunicado este documento, recogido por El País, midiendo su impacto en las pequeñas y medianas empresas. En él existen varios apartados que afectan directamente a las pymes españolas, como las medidas en el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el análisis y reestructuración que se realizará sobre algunos incentivos a los autónomos.

Las medidas que tienen que ver con el Impuesto de Sociedades hacen que se requiera una cuota líquida mínima del 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto. Según el planteamiento del Gobierno, subirá a un mínimo del 18% en los casos de empresas que cotizan al tipo incrementado del 30%. Se verán afectados por esta medida a las empresas que su importe neto llegue o supere los 20 millones o los grupos que tributen en régimen de consolidación fiscal. De esta manera, el Gobierno pretende acercar el tipo efectivo al nominal, buscando una mayor aportación a la Seguridad Social por parte de las grandes empresas.

Sin embargo, para aquellas compañías con una facturación inferior al millón de euros, existirá una rebaja nominal del 25% al 23%. De este modo pretenden dar una ayuda a estas empresas.

Nace un impuesto de Servicios Digitales

También se creará un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. El objetivo es que empresas internacionales graven en España los ingresos que obtienen. Siempre dentro del marco de ciertos servicios digitales que actualmente no recoge la fiscalidad española. El gravamen será de un 3% y afecta a los servicios de publicidad, servicios de intermediación y a la venta de datos registrados gracias a la información que ofrecen los propios usuarios.

Aparte, el Gobierno buscará una reorganización de las ayudas existentes que aumente los ingresos por cotizaciones sociales. Así, tras la reorganización de estas ayudas, desde el Gobierno ven posible contar con un impacto anual de 500 millones de euros el próximo año. El beneficio, según recoge la Actualización del Plan, “repercutirá positivamente en las cotizaciones sociales y en la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social”.

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